El Parlamento Europeo ha votado a favor de Data Act (la Ley de Datos), parte de la cual es la necesidad de incluir un interruptor de emergencia (kill switch) en la funcionalidad de los contratos inteligentes.
El Parlamento Europeo ha aprobado Data Act (la Ley de Datos), un amplio proyecto de ley de protección de datos que incluye normas para el intercambio, la protección y la difusión de datos. Uno de los puntos controvertidos del proyecto de ley es la inclusión de la posibilidad de modificar los contratos inteligentes en caso necesario.
Así, el texto del documento aprobado establece que los contratos inteligentes deben tener una función de “kill switch” (interruptor de apagado), que permitirá suspender su trabajo, reiniciar acciones individuales o cerrar todas las operaciones por completo. De este modo, los legisladores europeos simplemente piden que la tecnología se vuelva controlable, lo que contradice directamente los principios básicos de la descentralización y la tecnología de los contratos inteligentes.
Cabe destacar que el documento no especifica en qué condiciones y quién decidirá exactamente sobre la suspensión de los contratos inteligentes. Sin embargo, los funcionarios insisten en que tal posibilidad debe estar prevista.
Tras la publicación inicial del texto del proyecto de ley, la comunidad local de blockchain dio la voz de alarma, argumentando que utilizar contratos inteligentes de redes públicas de blockchain en tal caso sería sencillamente ilegal. Sin embargo, la Comisión Europea argumenta que el proyecto de ley no tiene nada que ver con blockchain y que los temores de la comunidad son infundados.
Para que la ley entre en vigor, debe pasar por el voto del Consejo Europeo, es decir, los 27 estados miembros de la Unión Europea deben aprobar el proyecto de ley.
Recordemos que los legisladores europeos están desarrollando activamente un marco regulador para las tecnologías innovadoras. En concreto, el proyecto de ley MiCA que regula las actividades de las criptoempresas fue aprobado por el Parlamento Europeo y entrará en vigor el año que viene.
