Una organización sin ánimo de lucro está desarrollando una herramienta específica que rastreará los posibles problemas en materia de libertades civiles derivados del desarrollo de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) en varios países.
Como parte del programa de investigación, se creó un rastreador en línea que se está probando para informar y rastrear el impacto de las CBDC en las libertades civiles y los derechos humanos.
La herramienta fue puesta en marcha por la Human Rights Foundation (HRF), una organización sin ánimo de lucro que proporcionó financiación para el proyecto. El rastreador fue desarrollado por
- Nicholas Anthony, analista político del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato;
- Janine Römer, periodista de investigación independiente, investigadora de la privacidad y miembro del consejo de Open Sats;
- Matthew Mezinskis, especialista en finanzas corporativas y presentador del podcast Crypto Voices.
Cabe señalar que fueron los analistas del Instituto Cato quienes subrayaron anteriormente que la CBDC “amenazaba las libertades de los estadounidenses”.
Según Alex Gladstein, director de desarrollo estratégico de la HRF, el recurso en línea esbozará el progreso de la CBDC en todo el mundo e identificará los riesgos para las libertades civiles. Según la página oficial del rastreador, la iniciativa es especialmente importante porque la CBDC crea un vínculo directo entre los ciudadanos y el banco central, lo que tiene el potencial de crear muchos problemas de derechos humanos si se pone en práctica.
La funcionalidad completa del rastreador se pondrá en marcha a finales de este año.
Como recordatorio, la gran mayoría de los bancos centrales del mundo se encuentran en la fase de investigación de la CBDC. Por otro lado, las instituciones financieras están experimentando activamente con la interoperabilidad de varios diseños de moneda digital, lo que apunta a la necesidad de considerar factores específicos en el desarrollo de la CBDC. Y sólo algunos analistas señalan que las monedas digitales públicas suponen una amenaza para la privacidad de los usuarios y podrían utilizarse para controlar los pagos.
