El banco central del Reino Unido y el Banco de Pagos Internacionales (BPI) han completado la segunda fase del Proyecto Rosalind, un proyecto piloto para explorar la CBDC del Reino Unido, denominado informalmente “Britcoin”.
El Centro de Innovación del BPI ha informado de la finalización de la segunda fase del Proyecto Rosalind, un estudio piloto conjunto con el Banco de Inglaterra (BoE) sobre la moneda digital del banco central (CBDC). El estudio, que se puso en marcha en julio de 2022, experimentó con el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) en transacciones minoristas con el prototipo Britcoin.
Los investigadores concluyeron que la CBDC minorista puede reducir el coste de los pagos entre particulares y aumentar su eficacia. La moneda digital también permite la creación de nuevos productos financieros basados en ella, ayudando a reducir el fraude en este ámbito. Durante la investigación se desarrollaron un total de 33 funciones de la API y se probaron más de 30 casos de uso de la CBDC minorista.
Los investigadores también estudiaron la programabilidad de la moneda digital y sus problemas de seguridad. Se opusieron a la tesis de que la moneda programable es vulnerable, pero el estudio concluyó que un buen diseño de un instrumento financiero a nivel de API permitiría al Banco Central interactuar de forma segura con el sector privado.
A pesar de los resultados positivos del Proyecto Rosalind, Jon Cunliffe, vicegobernador del Banco de Inglaterra, declaró en la conferencia Politico Global Tech Day que podrían pasar varios años más antes de que se tome una decisión definitiva sobre el lanzamiento de la CBDC en el Reino Unido, y que actualmente las posibilidades de que se implemente el “Britcoin” son del 70%. Así lo informó Bloomberg.
Como recordatorio, anteriormente aparecieron en los medios de comunicación investigaciones según las cuales el Reino Unido era el mayor “proveedor” de criptomonedas fraudulentas en 2022. Tiempo después, las autoridades del país respondieron a la situación publicando planes para reforzar la regulación del mercado de criptomonedas, que se aplicarán de 2023 a 2026.
