Los abogados de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) han presentado una moción para desestimar la demanda contra los ejecutivos de Ripple Brad Garlinghouse y Chris Larsen.
Se ha presentado una declaración ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en la que los representantes de la SEC notifican al tribunal que el regulador no ve la necesidad de programar una audiencia sobre la demanda contra los ejecutivos de Ripple Labs.
Sin embargo, en la declaración no se menciona que la SEC tenga previsto retirar la demanda civil contra Ripple. Además, en el documento, el regulador pide al tribunal que programe reuniones de consulta entre representantes de la SEC y Ripple, durante las cuales se revisará la documentación de la empresa relativa a las ventas institucionales de XRP.
Los representantes de Ripple emitieron una declaración en la que calificaban las acciones del regulador de “capitulación”. Según Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, él y Chris Larsen, cofundador de Ripple, han sido objeto de acusaciones infundadas por parte del regulador durante tres años. También añadió que el regulador les había acusado a ellos en lugar de buscar delincuentes en las exchanges que compraban apoyo político, en clara alusión al exchange de criptomonedas en quiebra FTX y a la inacción de la SEC al respecto.
Stuart Alderoty, abogado principal de Ripple, también calificó la declaración de la SEC de “capitulación” más que de solución. En su opinión, el regulador se dio cuenta por fin de que había cometido un grave error al empezar a enjuiciar a los ejecutivos de la empresa y que ese enfoque no daría los resultados deseados.Recordemos, la demanda contra los ejecutivos de Ripple la Comisión de Bolsa y Valores presentó en diciembre de 2020, acusando a Garlinghouse y Larsen en la venta ilegal de valores, que en la interpretación de la SEC son tokens XRP. En julio de este año, un tribunal federal dictaminó que XRP no es un valor cuando se vende a inversores minoristas. El regulador planeó impugnar esa decisión presentando una apelación interlocutoria, que el tribunal desestimó en octubre por falta de fundamentos sustanciales.
